Hoy entra en vigor una de las atribuciones más ignominiosas del Consejo Audiovisual de Cataluña, la de determinar la veracidad de las informaciones y, en consecuencia, poder revocar licencias de emisión ... básicamente, de la cadena Cope.

Ya he dicho que me parece una barbaridad que un órgano político reflejo de las mayorías parlamentarias cambiantes pueda tener tales facultades y usurpar funciones que creía exclusivas del poder judicial, pero desde hoy comienza a operar en Cataluña un Tribunal de la Verdad, presidido por Josep Maria Cabonell (en la foto). Y, según parece, la cosa tiene visos de extenderse a todo el país.

Por apartarse de la tendencia abrumadoramente dominante en Cataluña, quiero destacar -y puntualizar- el artículo que Pedro Schwartz escribe hoy en La Varguardia, contestando a una declaraciones de Victoria Camps. El destacado dice así: "En una sociedad libre, ninguna persona ni institución puede decidir por sí sola la veracidad de una noticia o la licitud de una opinión". Pienso que el señor Schwartz debería haber sido más preciso y más didáctico y aseverar que en una sociedad democrática bien estructurada, decisiones que pueden tener efectos penales y que afectan a derechos fundamentales sólo pueden ser adoptadas por el poder judicial, no por órganos administrativos, sujetos, por tanto, al politiqueo.

Insisto en que me parece que el problema no radica en las informaciones sino en las opiniones de dos reputados periodistas de la cadena Cope, Jiménez Losantos y Vidal. De hecho el informe emitido por el Consejo Audiovisual de Cataluña el 21 de diciembre se centra básicamente en ellos y produce argumentos jurídicos -y así lo destaca también Pedro Schwartz en su artículo- tan solventes como que la cadena Cope "mediante informaciones no contrastadas y expresiones injuriosas", contribuye a "la situación de tensión y conflicto que se ha generado en torno al debate político que tiene como referencia Cataluña".

Quisiera saber cómo se mide el grado de tensión o crispación. En cuanto al "debate político que tiene como referencia", convendría saber si el Consejo Audiovisual de Cataluña se refiere al Estatuto, a la OPA hostil de Gas Natural contra Endesa, a los créditos de La Caixa al PSC, al Carmelo, al asunto del cava, a que los peajes suben por encima del IPC ... exactamente a qué. Y resulta imprescindible discernir si las hipótesis -el pensamiento- pueden faltar a la veracidad y resultar delictivas. Por ejemplo ésta: ¿faltaríamos a la verdad si dijeramos que los datos que conocemos la OPA de Gas Natural sobre Endesa nos conducen a pensar que el asunto tiene un tufillo político que tira de espaldas?

Insisto en que mi confianza en els sistema judicial es limitada, pero, al menos, es una salvaguarda que tenemos los ciudadanos y los periodistas ante posibles atropellos por parte de la administración y la discrecionalidad -léase arbitrariedad- que se autoconcede el Consejo Audiovisual de Cataluña haca saltar por los aires ese ámbito de seguridad jurídica.

Voy a plagiar a Martín Prieto, que una vez publicó su dirección en una columna por si los de ETA querían ir a por él, y lo hago con toda la intención porque, vete tú a saber, a lo mejor alguien del Consejo Audiovisual de Cataluña cree entender que les estoy calificando de terroristas y decide cerrar esta ciberbitácora. Nada más lejos de mi intención. No obstante, por si acaso, sólo les facilitaré el correo electrónico ... el falso.

Francisco Durán Velasco
duranfco@yahoo.es