Pues sí, en defensa de Jiménez Losantos

Voy directo al grano: me solidarizo con Federico Jiménez Losantos. Iba a comenzar este artículo diciendo que me solidarizaba críticamente con él y con los demás periodistas y comentaristas de la cadena COPE, pero entiendo que lo esencial y lo prioritario ahora no es pormenorizar las objeciones que podría plantear a la labor periodística del director de "La mañana" y a la línea editorial de la COPE en no pocos asuntos, sino reivindicar el derecho que debemos tener los periodistas a informar y también a comentar y opinar acerca de los asuntos de interés público, en particular, de los que tienen que ver con el control y fiscalización del poder político.

Aunque en las últimas semanas se ha reproducido con frecuencia el episodio del Parlamento británico en el que se dijo aquello de que "sus opiniones me repugnan pero daría mi vida para que usted las pudiera seguir expresando" (poco más o menos), creo que no se ha insistido lo suficiente en que entre los derechos esenciales de cualquier ciudadano, con más razón de ser para los periodistas, figura de manera ineludible el de expresar pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio. Y aquí es donde radica el meollo de la cuestión. Por más que las opiniones de Jiménez Losantos sobre el proyecto de nuevo Estatuto de autonomía catalán, sobre el 'caso Montilla' o sobre cualquier iniciativa que emprenda el Gobierno del PSOE puedan resultar reprobables y hasta abyectas para muchos, lo que hay que dilucidar es si le asiste el derecho a expresar esas opiniones, por vehementes e incluso agresivas que puedan resultar. Y hay que reconocer que el grado de vehemencia y agresividad de Jiménez Losantos particularmente en el campo del comentario político cabría situarlo en la banda alta de cualquier escala de medición.

No aspiro a pasar por tratadista político, pero si algo recuerdo de las nociones de derecho a la información y de filosofía política que recibí en la facultad de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona es que en el ámbito del derecho a la libertad de expresión -incluida, por descontado, la opinión- hay que proteger preferentemente a los disidentes, a los discrepantes, a los que permiten establecer un punto de contraste con las posturas mayoritarias. En el actual contexto político, parece claro que Jiménez Losantos y la COPE cumplen con creces y con acreditada solvencia ese papel. Lo mismo hubiera dicho de los periodistas y comentarias del grupo PRISA y del apabullante grupo de Jesús Polanco en su conjunto, si esta ciberbitácora se hubiera publicado durante los tiempos de gobierno de José María Aznar y desde el poder se mantuviera una conducta similar a la que ahora sufre Jiménez Losantos. Cabe imaginar que a los votantes, simpatizantes y cargos del PP no les resultaban particularmente gratas las opiniones profusas y siempre críticas de Iñaki Gabilondo, pero justamente por eso era conveniente preservar ese punto de referencia. Incluso hoy es bueno y saludable que el conglomerado de medios de PRISA pueda y, si me apuran, deba contrarrestar los argumentos del partido o segmento social al que se asocia con los postulados ideológicos contrarios. La sociedad es conflicto y la democracia es contraste de opiniones. No es casual que en los manuales se la defina como régimen de opinión pública.

Estoy seguro de que para mucha gente las opiniones feroces de Jiménez Losantos deben ser un auténtico sapo, pero tengo para mí que lo conveniente en este caso no es presionar para que sea metido en cintura, para que su cadena sea domeñada -visitas al Vaticano incluidas-, sino tratar de rebatir sus argumentos o sus improperios con argumentos intelectualmente válidos. Animo, por tanto, a todos los periodistas, intelectuales y abajofirmantes de toda suerte y condición que anden soliviantados con Jiménez Losantos a que le den más palos que a una estera en toda tribuna pública a la que tengan acceso.

Debería haber hecho una salvedad al referirme a todos, porque entiendo que la presión y el hostigamiento que se está ejerciendo desde múltiples instancias políticas excede con mucho su función representativa. De hecho, si no se han invertido los términos, lo normal es que los periodistas le zurren al ministro y no que los ministros exacerben los ánimos en contra de los periodistas. Lo primero es lo propio de las democracias, lo segundo resulta una presión perversa, que lo es mucho más en este caso, puesto que, aunque también se alude a la cadena COPE, las críticas más aceradas se dirigen hacia un periodista singular.

Como creo que un término tan recurrente en los últimos días como el de "intoxicación informativa" es jurídicamente endeble tiendo a pensar que las declaraciones de tantos políticos acerca de Jiménez Losantos y la COPE no tienen como propósito primordial garantizar los derechos esenciales de todos nosotros sino mediatizar al periodista y a su medio para que suavicen o corten de raíz unas opiniones que les resultan intolerables. Por tanto, opino que lo que deberían hacer es calibrar si han sido injuriados o calumniados y acudir a los tribunales a título personal y a pecho descubierto. Si lo que se está proyectando, en cambio, es que se restaure el delito de opinión, creo que, como periodistas, estaremos ante una grave encrujijada que, a pesar de las diferencias que cada uno pueda tener con la conducta y la labor de Jiménez Losantos, iría mucho más allá de él y del actual contexto político. Estaríamos, a mi entender, ante un grave retroceso democrático, puesto que creo que, si se me permite ser un tanto hiperbólico, es un rasgo casi más propio de la democracia el derecho a pronunciarse que el derecho a recibir información.

Con toda la intención he omitido el término "veraz" puesto que creo también necesario como periodista reflexionar acerca si "veraz" se refiere a "verdad" o a una información suficientemente contrastada. Así las cosas, no parece que, por ejemplo, las informaciones sobre el ministro Montilla, el PSC y La Caixa que difunde Jiménez Losantos en su programa estén ayunas de veracidad. Más bien parece que al ministro Montilla y a tantos cargos socialistas no les gustan los juicios que, casi obsesivamente, emite este periodista, así que, reitero, el conflicto no radica en la información sino en la opinión, en una opinión que resulta molesta. Y aquí es donde está la clave de la cuestión: si los vientos cambian, otros periodistas se podrían ver en la misma situación que hoy sufre Jiménez Losantos. Creo que los periodistas deberíamos tener margen suficiente en nuestros respectivos medios para no sólo informar sino también para interpretar aquellos hechos de los que hablamos. Y si interpretamos, opinamos. Podemos recurrir al diccionario de sinónimos para eludir el verbo opìnar, pero el caso es que siempre tratamos de influir, de convencer, de atraer.

No la recuerdo en su literalidad, pero sí me acompaña todavía hoy una sentencia de Tocqueville que también me transmitieron en la facultad de periodismo, aquella que dice que los incovenientes derivados de los excesos que se puedan cometer en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión (y de opinión, me permito añadir) son irrelevantes si se compara con los beneficios que ese mismo derecho procura a la sociedad. ¿Dónde hay que firmar?

Francisco Durán Velasco

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